Operación Chavín de Huantar: la injusta contradicción

22 de abril del 2012

A quince años de la impecable operación de rescate de los rehenes de la embajada de Japón, los peruanos no podemos lucir con orgullo la capacidad, arrojo y valor de miembros de nuestra sociedad, los hijos del pueblo que rescataron a ciudadanos de las garras de los demenciales sujetos que se autodenominaban miembros del movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Luego del rescate de los rehenes, en su mayoría israelíes, del aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 4 de julio de 1976 por las Fuerzas de Defensa de Israel, la literatura y el cine se poblaron de obras que resaltaban la eficiencia y el valor de las fuerzas israelíes (y a nadie se les ocurrió enjuiciarlos). En Colombia, las fuerzas armadas ejecutaron la impecable operación Jaque el 2 de julio del 2008 rescatando a un importante número de rehenes de otro grupo terrorista marxista-leninista, las FARC, empleando la fachada de ser miembros de la Cruz Roja. Esta organización elevó su protesta ante los tribunales internacionales por el uso indebido de sus emblemas pero, y en pocas palabras, los han mandado a “freír monos en sartén de palo”. Prima el acto de salvar vidas de personas retenidas en contra de su voluntad en manos de grupos irregulares que emplean tácticas terroristas, reñidas con las reglas internacionales de combate. En el Perú, el país de las contradicciones, aun no podemos mostrar al mundo con orgullo la película que está por rodarse sobre el heroísmo de los comandos Chavín de Huantar, la poca literatura ha sido el acto heroico de las propias víctimas, los rehenes, que han descrito sus traumáticas vivencias en manos de los comunistas-marxistas-leninistas del MRTA, terroristas que fueron neutralizados y luego enterrados en cementerios tan áridos como sus revolucionarias ideas. ¿Por qué los peruanos debemos vivir la contradicción de ser enjuiciados por las buenas acciones? ¿Por qué individuos que desean acabar con el sistema social que construimos con dificultad tienen más derecho que aquellos que sirven y acatan el mandato constitucional de ejercer la fuerza física en bien de la sociedad? ¿Por qué un dudoso sistema de instituciones, que dicen representar a la sociedad civil, puede poner en jaque al Estado Constitucional empleando el solo testimonio de un supuesto testigo, ciudadano de otro país, reconocido y confeso marxista-leninista, sociólogo de profesión con profundos estudios de la problemática social del Perú en zonas dominadas por el accionar terrorista de los años ochenta, sospechoso de tener cercanas relaciones con los individuos terroristas del MRTA, que nunca ha rendido una manifestación en el Perú?

El ciudadano japones Hidetaka Ogura

Hidetaka Ogura dice que vio cometer “ejecuciones extrajudiciales” bonito eufemismo que los defensores de los “derechos humanos” emplean para poder acusar a todo militar y policía que se interpone en sus oscuras intenciones para desestabilizar gobiernos y Estados soberanos. El japonés-sociólogo-comunista, el mismo que comía alegremente con los del MRTA durante el secuestro, se limitó a escribir una escueta carta afirmando lo que supuestamente vio, nunca ha dado la cara ante la justicia peruana para repetir sus afirmaciones. Para el APRODEH esto no ha sido impedimento para abrir juicio en contra de los comandos Chavín de Huantar… y casualmente, fue el mismo APRODEH la organización que pidió ante el parlamento europeo retirar al MRTA de la lista de organizaciones terroristas ¿Casualidad?¿Acto de humanidad?

¿Qué otra evidencia se necesita para colocar en el banquillo al japonés-sociólogo-marxista y a la organización-proderechohumanista-proemerretista?

Peruano: no te dejes sorprender por los lobos con piel de cordero del marxismo-leninismo-maoismo internacional.

Héroes de Chavín de Huantar: su historia está escrita en el corazón de todos los peruanos honestos y amantes de la paz.

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Probable ruta del Costa Concordia

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C-130 Performs Extreme Demo | Military.com

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The Learning Mindset: Winning in the Civilian Sector | Military.com

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Constantes históricas en el comportamiento vecinal de Chile

por Félix C. Calderón*
(Cartavio, La Libertad; 1947- Lima, setiembre 5, 2011)

El teorema geopolítico que los peruanos deben tener siempre presente es que Chile ha visto al Perú, históricamente, como su enemigo natural. Y hacen muy mal los panegiristas del entendimiento y la cooperación vecinal en olvidar, soslayar o edulcorar este hecho irrebatible que es, además, inconmovible, por lo menos mientras siga vigente la concepción del Estado-nación. No es esto, obviamente, un reflejo de perdedor, como se ha atrevido a decir un peruano de última hora, a causa sin duda de una reflexión indigesta provocada por su conocimiento superficial de nuestra historia. No. Ese teorema fluye fácilmente del análisis del comportamiento histórico de Chile con respecto al Perú y nos da la pauta de cómo es menester actuar, porque nunca es tarde, para que por fin podamos encarrilar las relaciones vecinales sobre un terreno común de mutuo respeto y ventajas recíprocas.

Antes y después de su existencia como república, Chile ha visto al Perú como una amenaza y, por lo mismo, ha sabido encontrar su razón de ser a sus expensas. Pero no ha sido el único. Simón Bolívar fue el primero en trazar un designio geopolítico avieso contra el Perú, epicentro ancestral de la gran nación andina (principalmente Perú, Bolivia y Ecuador), usurpando Guayaquil y creando luego Bolivia. De esta forma, fragmentó el espinazo andino y contrapuso por casi dos siglos a sus pueblos. Años más tarde, el comerciante de Valparaíso, Diego Portales, hizo el resto con un designio concordante, pero por el sur, a fin de mantener la dependencia del comercio peruano de los puertos chilenos. En suma, el Perú desde su nacimiento como república tuvo que hacer frente al embate de dos pretensiones geopolíticas adversas, por el norte y por el sur, además de la penetración amazónica del imperio brasileño. Situación altamente desventajosa de la que Chile supo aprovecharse con el tiempo para satisfacer sus propias ambiciones.

La usurpación territorial a resultas de la guerra victoriosa que libró Chile contra el Perú en 1879, con la interpósita acción de Bolivia y ayudado por el comportamiento claudicante, como en 1837, de gran parte de la casta política peruana, se tradujo en una serie de constantes en su comportamiento bilateral, cuyos resabios aún se notan hoy en día. Estas constantes en su comportamiento no son, por cierto, exclusivas de Chile. En puridad, son patrones comunes de comportamiento que sigue todo Estado agresor y usurpador, como se desprende de una rápida ojeada a la historia universal, en la medida que se trata de preservar lo usurpado y de erosionar cualquier intento de revancha. Es decir, están signadas por la codicia y el miedo, y su lógica subyace siempre en la fuerza, porque no hay otra forma de mantener lo ajeno. Por lo mismo, no estamos hablando de un comportamiento malicioso estático, sino dinámico, aunque en este caso siempre en función del Perú que representa el peligro a conjurar y mediatizar.

Antes de concluir la paz con Bolivia y obsesionado por su flagrante incumplimiento del Tratado de Ancón de 1883, Chile puso en marcha un reprobable proceso de chilenización en las provincias cautivas de Tacna y Arica con el deliberado propósito de expatriar o exterminar a la heroica resistencia de los peruanos ligados ancestralmente a esos territorios. Es decir, el usurpador efectuó el primer caso mundial de “political cleansing” en el siglo XX. Convergentemente, prejuzgó la solución al problema que generaban esas provincias cautivas, disponiendo de manera arbitraria el trazado del ferrocarril Arica-La Paz, sin parar mientes en usurpar para ese efecto una porción de la provincia de Tarata que no tenía por qué ser parte de la ocupación chilena, tal como lo revelo en mi libro “El Tratado de 1929. La otra historia.” En fin, para ser breve, instigó la rivalidad del Ecuador y Colombia hacia el Perú mediante la venta subrepticia de armas y acuerdos secretos con esos países, en su afán de debilitar el accionar diplomático del Perú que tenía, también, que hacer frente por el norte a pretensiones amazónicas desmedidas por obra de Bolívar, sin contar la competencia por el Acre (Un caso similar se produjo durante el conflicto del Alto Cenepa 3n 1995 cuando el gobierno de Chile proporcionó armas a Ecuador. N.E)

Una vez que suscribió la paz con Bolivia en 1904, Chile se aprovechó del entredicho con el Perú que provocó Bolivia al rechazar el laudo arbitral del presidente argentino Figueroa Alcorta, para azuzar a ese país a la guerra e inclusive venderle armas. Por cierto, ayudaba indirectamente a esta manipulación interesada del vecino del sur el hecho que el Perú accediera al siglo XX con una casta política visiblemente mediocre e incapaz de poner fin al desgobierno y de acometer con resolución la solución definitiva de algunos de los diferendos limítrofes que se mantenía con los cinco países fronterizos.

Cuando el presidente Augusto B. Leguía, el único estadista que ha tenido realmente el Perú con prescindencia de sus maneras dictatoriales, zanjó definitivamente en setiembre de 1909 las fronteras con Brasil y Bolivia, tras una faena negociadora histórica de tres semanas, la diplomacia chilena buscó arrinconar al Perú exacerbando otra vez las pretensiones de Ecuador y Colombia, mientras se esforzaba inescrupulosamente por consolidar sus posiciones en Tacna y Arica. Basta traer a colación en abono de este aserto la tensión bélica que vivió el Perú en la segunda década del siglo XX, en el frente amazónico, con incidentes como el de “La Pedrera”, o la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Chile, entre otros. Mas, fue otra vez Leguía quien logró romper la secular inteligencia colombo-ecuatoriana con el Tratado Salomón-Lozano, cuyo efecto inmediato fue malquistar entre sí a esos dos países que en 1916 se habían repartido a su regalado gusto la margen izquierda del río Marañón-Amazonas, disponiendo sin ir muy lejos de la precaria posesión peruana en Leticia. Asimismo, fue Leguía quien zanjó en 1929 de manera definitiva la dolorosa cuestión de las  provincias cautivas, logrando el regreso de Tacna a la heredad nacional, aunque parcialmente mutilada por culpa de la propensión usurpadora de los chilenos, como lo prueban las azufreras de Tacora, ahora en poder de Chile y arrancadas al Perú en la hora undécima.

A partir de ese momento, 1929, reducidas las aristas de confrontación del Perú, el interés de la diplomacia chilena se centró, como es lógico suponer, en soliviantar al Ecuador, único país con el cual el Perú mantenía un diferendo limítrofe, como mejor manera de complicar el accionar diplomático de Torre Tagle que debía, además, procurar la plena y satisfactoria ejecución del Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín. Tras el conflicto del Zarumilla en 1941 y producido el cese de fuego, como lo detallo en mi libro “La negociación del Protocolo de 1942: mitos y realidades,” la diplomacia chilena buscó afanosamente con el apoyo del Ecuador, sumarse al trío de Estados (Argentina, Brasil y Estados Unidos) que por años venían ejerciendo sus buenos oficios para resolver la controversia limítrofe. No fue, dentro de este contexto, un gesto altruista ni desinteresado de Chile; sino una previsible maniobra, íntimamente ligada a sus pretensiones portuarias en el Pacífico (no obstante mediar condiciones geográficas adversas) que lo obligaban a poner cortapisas a la ejecución del artículo 5° relacionado con el muelle de atraque a favor del Perú para así reducir a la nada la ventaja arrancada por Leguía al final de la negociación en 1929. Por eso, la venta de municiones y armamentos que hizo Chile al Ecuador en 1995, en plena guerra del Cenepa, no fue un hecho casual o accidental. Nada de eso, fue una acción deliberada propia de quienes actúan con mentalidad usurpadora. Y si un japonés sin raíces peruanas no le dio en ese entonces la importancia debida, esto no inhibe de responsabilidad a quienes ejecutaron por esos días la política exterior del Perú. Porque si en el caso de Argentina se ha llegado a determinar que hubo una operación delictiva, conducida clandestinamente, de allí el juicio al que fueron sometidos los responsables; en el caso de Chile fue una acción consentida por su propio gobierno, y esto es lo grave, al punto que a nadie en ese país se le haya juzgado por ese hecho protervo y felón, una vez puesto en evidencia.

La vinculación de su ambiguo papel de garante con la plena ejecución del artículo 5° del Tratado de 1929 queda evidenciada cuando al año siguiente de haberse concluido la paz con el Ecuador, en 1999, Chile concluyó con el Perú un Acta de Ejecución destinada a cerrar la controversia portuaria que fue la que mayores dificultades creó durante la negociación del tratado entre noviembre de 1928 y mayo de 1929. Como era de esperarse, el Perú estuvo lejos de obtener en 1999 lo que Chile propuso originalmente al presidente Leguía, si se compara el imponente muelle atribuido al Perú que figuraba en el plano del desarrollo portuario de Arica entregado por el embajador chileno Figueroa Larraín al mandatario peruano, en mayo de 1929, con el inútil y dependiente mini-atracadero situado fuera del marco original de la bahía de Arica que hoy se considera como el “muelle” peruano (véase los anexos de mi libro sobre el Tratado de 1929).

Sin embargo, en honor a la verdad, no fue éste un logro reciente de la diplomacia chilena, pues ya en 1964 y más tarde en noviembre de 1985, Chile había sentado mañosamente las bases de esa nueva usurpación, una vez que el taimado Ríos Gallardo intuyó en la década de los cincuentas que el Perú había perdido el plano entregado a Leguía y, por lo tanto, la diplomacia peruana desconocía ese importante compromiso. Claro que lo mismo no puede decirse de quienes negociaron el Acta de Ejecución, por cuanto quien esto escribe exhumó literalmente dicho mapa del archivo central de Torre Tagle a fines de 1998, tras casi setenta años de haber sido ignorado. Ergo, hay responsabilidad histórica por parte de quienes en 1999 transigieron con la arremetida chilena a sabiendas de que hacía trampa. Es más, hay razón para preguntarse si no era mejor reabrir las negociaciones en materia de ejecución del artículo 5°, justamente porque existía, además, el problema colateral de la delimitación de la frontera marítima con Chile, en el cual la mentalidad usurpadora amenazaba inclusive con apropiarse del pequeño triángulo de playa situado al norte del arco que sigue la línea limítrofe y, por ende, peruano.

Para recapitular, ha sido la lógica implacable del teorema geopolítico enunciado al inicio de este artículo, la que explicaría la persistencia por parte de Chile en la observancia de esas constantes de comportamiento en su relación con el Perú. Aparte de ser muy redituable en términos territoriales, le ha permitido guardar coherencia en su accionar, al margen del carácter civil o militar de sus sucesivos gobiernos, dar continuidad a su diplomacia y ha hecho previsible su proyección geopolítica. Obsesionados como siguen con ese enemigo natural, algo que no ocurre en el Perú en que a un sector de la burguesía le gusta ver a Chile como su aliado, el miedo a la revancha es un fantasma omnipresente en los chilenos, como igualmente lo es la gran amenaza que supone la reconstitución de la gran nación andina.

De allí que la diplomacia chilena haga ahora todo lo posible por profundizar la división entre los pueblos andinos (echarle la culpa al Perú en la solución de la aspiración marítima de Bolivia, en virtud de la cláusula cerrojo de su autoría incluida en el Protocolo Complementario, es un ejemplo de ello), puesto que ha descubierto que si quiere mantener cierta supremacía en esta parte de mundo, vale decir asegurar su supervivencia, no tiene más remedio, ante la imposibilidad de nuevas guerras de conquista, que transformar al Perú y Bolivia, por lo menos en el corto y mediano plazo, en su hinterland vital habida cuenta de la clamorosa carencia que adolece su tripa territorial de recursos energéticos, hídricos y los limites asfixiantes de su diversidad biológica. Y es aquí cuando el Perú debe imaginar, concebir e implementar una política de respuesta y contención igualmente duradera, ambiciosa y agresiva en diferentes planos, sobre la base del principio rector que en los tratos con el usurpador es éste quien tiene que hacer las concesiones y no al revés.

Desde este punto de vista, el problema de la delimitación marítima debe involucrar a los Estados Unidos como árbitro por haber puesto Chile en tela de juicio el punto final de la frontera terrestre que es hacia abajo en el sentido del arco, y no del paralelo geográfico. Asimismo, se debe reglamentar de conformidad con las disposiciones constitucionales sobre seguridad y defensa la penetración chilena en el sector terciario, principalmente de los servicios, teniendo en cuenta los riesgos que entraña esa mentalidad usurpadora del hinterland. No deja de ser paradójico que Chile figure como un exportador mundial de maderas tropicales sin tener selva. Tampoco parece lógico que el Perú venda gas a Chile para atender las necesidades energéticas de los territorios que fueron usurpados, salvo que pague el doble o le vendamos, mejor, energía eléctrica. En fin, antes de poner una serie de etcs., se debe exigir a Chile que, sin mayor dilación, proceda a la rectificación histórica brindando las disculpas debidas y otorgando las reparaciones del caso por las atrocidades cometidas durante la invasión usurpadora de 1879 y con posterioridad hasta 1929, incluyendo la compensación a los peruanos de Arica y parte de Tacna por sus propiedades privadas arrebatadas, la edición de libros de historia que pinten los hechos tal como ocurrieron para escarnio de sus llamados héroes, la supresión del homenaje a sus glorias nacionales porque eso es una afrenta para el Perú (sobre todo en el Morro de Arica), y la devolución de lo robado. Pues no hay peor injuria que la subliminal, como lo ha demostrado ese infamante vídeo de Lan, obra de imberbes. En Europa solo se ha podido hablar de reconciliación una vez que los agresores han hecho propósito de enmienda y han reivindicado la dignidad de los pueblos ofendidos.

Por último, sin ser menos importante, en cuanto al objetivo de la reconstitución de la gran nación andina, que es lo que aterra a los chilenos, éste solo podrá ver la luz si los prolíficos pueblos andinos en los tres países involucrados ponen el sincretismo histórico al servicio del mandato telúrico.
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Embajador, autor de los libros “El Protocolo de 1942: mitos y realidades.” (Academia Diplomática del Perú, 1997), “El Tratado de de 1929. La otra historia.” (Congreso de la República, 2000), y “Las veleidades autocráticas de Simón Bolívar.- Tomo I: La usurpación de Guayaquil” (Aleph, a publicarse este mes de junio), entre otros.

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LA INTELIGENCIA EN CONTRA DEL CRIMEN

 

Un prejuicio es una opinión vaga sin modos visibles de soporte.

Ambrose Pierce

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Los conductores del noticiero comentan la última noticia policial. El caballero afirma: “¡Ante el incremento de la ola delictiva es necesaria mayor inteligencia!”. La bella dama a su lado intenta complementar el comentario de su colega- ¡Si, más inteligencia… eso es lo que se necesita!

¿Saben de lo que hablan?

Desde hace algunos años periodistas, funcionarios y opinólogos repiten constantemente que no “tenemos inteligencia”. Por supuesto que se refieren a la inteligencia como técnica de obtención de información y conocimiento, no al IQ[1]personal de la inteligencia fisiológica. Ante esto valen las preguntas: ¿Cómo saben que no hay inteligencia? ¿Cuánto conocen del trabajo de los funcionarios dedicados a esta actividad? ¿En realidad conocen como funciona un sistema de inteligencia?

Estas afirmaciones pueden estar basadas en dos orígenes: en información deslizada por funcionarios (en actividad o cesados) de inteligencia, o por la simple repetición de un prejuicio que se ha generalizado.

El sistema de inteligencia es inherentemente confidencial y requiere mucho tiempo de construcción, al menos las técnicas de inteligencia humana. Si los funcionarios que se dedican a la inteligencia filtran información a la prensa, o a los opinólogos, no solo cometen un delito (infidencia) del cual el receptor de la información es cómplice. Además ponen en peligro y/o destruyen lo que ellos mismos pretenden construir. No tiene ningún sentido excepto el lucro personal lo que constituye un serio agravante.

Si por el contrario, los periodistas y opinólogos se basan en el “sentido común[2]” como base de la afirmación, entonces estaría basada en un prejuicio, un lugar común, sin evidencia tangible.

Una iniciativa congresal pide que la inteligencia nacional sea empleada para combatir el crimen. ¿Conocen los niveles y responsabilidades de la inteligencia? ¿Acaso más organismos dedicados a lo mismo producirán un mejor resultado? ¿Les han informado de las diversas especializaciones que existen en el amplísimo mundo de las capacidades de inteligencia? ¿Por qué no empezar por potenciar y dotar de mejores medios al sistema de inteligencia policial?

Lo mejor es dejar que el sistema de inteligencia continúe con la reconstrucción de sus medios, entorpecido por diez años de mal uso y otros diez años de soluciones. Lo que se debe exigir son resultados y comenzar a analizar: de los diarios éxitos policiales en la captura de bandas, delincuentes y narcotraficantes ¿en qué medida no se deben al funcionamiento de la inteligencia policial?

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la limitación del sistema. La inteligencia es una ayuda (importante) a los medios de prevención del crimen y creación de la necesaria sensación de seguridad, pero esto debe aparejarse a un sistema de patrullaje, comunicaciones, vigilancia electrónica, justicia eficiente, funcionarios honestos, la plétora de medios con el que las sociedades modernas protegen sus diferencias e individualidades, verdadera causa del fenómeno delincuencial mundial que, no necesariamente es mayor, pero si más virulento y mortal.

Con el apoyo y medios a la inteligencia policial, esta podrá incrementar su radio de acción. La mejor acción de los funcionarios de gobierno será exigir resultados, sin incrementar el manoseo y los prejuicios mediáticos.


[1]Intelligence Quotient (Coeficiente Intelectual)

[2] Entendido en el real sentido de la frase, es decir, la opinión generalizada y reinante en el momento histórico y social.

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La desconocida y sabrosa trastienda del otro maremoto que enfrenta la Armada

Pro-Intellectum reproduce este interesante reportaje por cortesía del Centro de Investigación Periodística de Santiago de Chile (CIPER), obra del periodista Sebastian Minay. Este refleja las serias fallas de comando y desiciones, los reales daños causados a las unidades navales sureñas y las tensas relaciones de los militares con el poder político del vecino del sur, problemas que en general, no son exclusivos de los chilenos, pero que saltan a la vista ante la proximidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la posibilidad de un fallo favorable al Perú y el sobredimensionado poderío militar que ha acumulado Chile.
 
 
 

Por : Sebastián Minay en Reportajes de investigación Publicado: 09.04.2010

Entre las instituciones uniformadas, la Marina se llevó la peor parte después del 27F. A sus aún no del todo aclaradas responsabilidades en la alerta del letal tsunami y la devastación de su principal Base Naval y sus astilleros, se suman las contradicciones y dudas sobre el daño a sus unidades de combate. Un proceso que encara su comandante en jefe, ya cuestionado interna y externamente desde antes del desastre y que tenía a medio Alto Mando pernoctando en Talcahuano la noche del cataclismo. Un complejo puzzle político parece jugar a su favor.

A 39 días del terremoto y maremoto, y luego de preguntarle a varias de las autoridades involucradas en el proceso, es imposible encontrar una versión concordante y única acerca de qué le ocurrió al submarino clase Scorpene SS-22 “Carrera” –uno de los dos más poderosos del país- durante la madrugada del 27 de febrero. Lo único claro es que su tripulación alcanzó a seguir el procedimiento establecido para estas emergencias, sacarlo mar adentro, y que en ese trámite lo “agarró” una de las olas que azotaron Talcahuano. De ahí en adelante los testimonios se dividen. Unos aseguran que se golpeó contra la dársena del muelle; otros, que impactó contra un dique, y están también los que señalan que se estrelló contra otras instalaciones portuarias.

Incluso circula una versión que indica que el “Carrera” habría chocado contra su gemelo, el Scorpene SS-23 “O’Higgins”, la que es refutada con más fuerza según lo alta que sea la investidura consultada. Las respuestas recogidas por CIPER no lograron aclarar y más bien repitieron la confusión previa, como se verá más adelante.

El caso del “Carrera” –que junto al “O’Higgins” es la base de la fuerza submarina de Chile- refleja la extrema reserva con la que se está manejando el impacto estratégico del desastre en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina. Claro que poco ayudó, comentan altas fuentes del sector defensa, que el ministro Jaime Ravinet declarara el 24 de marzo que el país había quedado “vulnerable” ante un ataque externo. Aunque se insiste en que dicho riesgo no es real, lo que sí preocupa es que la Armada se recupere lo antes posible para mantener no sólo su capacidad operativa, sino disuasiva.

Así, tanto o más importante que las reparaciones a los navíos dañados es responder la interrogante de cuándo y a qué costo se superará la devastación que hizo presa de las instalaciones de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano, esenciales para la mantención de la Escuadra y que además generan importantes recursos a través de contratos de construcción de navíos para el extranjero.

En lo único que hay consenso –el que incluye a las autoridades salientes y entrantes- es que la Armada se ha llevado en esta catástrofe la peor parte en un amplio frente. Mientras el de los daños materiales se ha manejado con cierta discreción, el de la imagen pública no puede ser peor, admiten.

La lista de problemas incluye al único muerto registrado durante los duros días de toque de queda en la VIII Región: un cartonero asesinado por una patrulla naval. Pero lo que sigue siendo la principal amenaza para el alto mando de la Armada, son las responsabilidades de la institución por las víctimas del maremoto (pese a que se entregó la cabeza del jefe del Servicio Hidrográfico y Oceánico, SHOA), agravadas por el fuerte descontento que generó el que desde la Base Naval de Talcahuano no se le avisara del maremoto a los civiles de las inmediaciones. Incluso, se agrega, sólo varios días después se reconoció que había bengalas -explosivos, para otros- diseminadas por la costa.

De ese difícil contexto la institución busca levantarse al mando del comandante en jefe más joven que haya tenido, y el primero que no estaba en servicio activo al momento del Golpe (1973). Y que además –como describen generosamente los que conocen a la institución-, fue sorprendido por el desastre justo cuando ya enfrentaba cuestionamientos internos y externos a sólo meses de haber asumido el mando (junio 2009).

Investigando el impacto del terremoto y maremoto en la Marina, CIPER encontró la otra ola que azotó a la institución después de la catástrofe, y el perfil desconocido de su comandante en jefe, almirante Edmundo González, protagonista del puzzle político que surgió tras el tsunami. Más allá de las contradicciones sobre los reales daños en las unidades de combate de la Marina, descubrimos un dato que por si sólo dimensiona el desastre que pudo quedar la noche del 27F en esa institución: a la misma hora del terremoto y maremoto la mitad del Alto Mando de la Armada se encontraba en Talcahuano.

27F: La mitad del Alto Mando en Talcahuano

De no haber ocurrido el terremoto, el sábado 27 habría sido una jornada memorable para la Armada y el gobierno saliente. Esa noche la institución iba a condecorar a la entonces Presidenta Bachelet –pese a que el almirante González había dudado en hacerlo- y se iba a efectuar la botadura del buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”, una promesa de la Jefa de Estado y un orgullo de la ingeniería naval criolla, ya que fue construido íntegramente en Asmar Talcahuano. La Mandataria incluso había bromeado diciendo a sus cercanos que si el navío no estaba listo antes de que entregara el poder, ella misma “botaría al mar a la empresa constructora”.

Acá también hubo una trastienda interesante. El acto –que sería precedido por la visita de Bachelet al SS-23 “O’Higgins”, del cual es madrina- estaba programado originalmente para la noche del viernes 27, y a la noche siguiente varios de los asistentes se reencontrarían en el matrimonio de una de las hijas del vicealmirante Eduardo Junge, en Viña del Mar. Pero la Mandataria resolvió después viajar a Mar del Plata, Argentina, a la Regata Bicentenario, organizada por las Armadas de ambos países. Eso atrasó las fechas en un día y obligó, entre otras cosas, a posponer el casamiento.

Como el programa era el mismo pero a escasa diferencia horaria, el Almirante González dispuso que la mitad del Alto Mando pernoctara el viernes en Viña del Mar, y la otra en la Base Naval de Talcahuano. En un dato desconocido hasta ahora, la noche del desastre se encontraban ahí –entre otros, y con sus respectivas esposas- el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Francisco Guzmán; el director general del Personal, vicealmirante Robert Gibbons; el jefe del Estado Mayor General, vicealmirante Federico Niemann, y el secretario general de la Armada, contraalmirante Jorge Ibarra.

“La Armada dormía preparada para una fiesta por partida doble: por el ‘Cabo de Hornos’ y por la despedida a la Presidenta. Ese era el estado de alerta”, grafica una fuente que conoció de cerca lo ocurrido. Siguiendo el protocolo naval ante terremotos que no permiten mantenerse en pie (ubicar las naves a 20 metros de altura o alejarse al menos 10 minutos de la costa), toda la oficialidad evacuó el sector apenas pudo. Pero pese a conocer lo que venía y encontrarse en el sector la mitad del Alto Mando, nadie dio aviso a la población local. Precisamente allí donde el maremoto cobró numerosas vidas.

Conscientes de las críticas, cercanos a la institución remarcan que no pudo hacerse de otra forma: “La Marina hizo lo que debía, salvar a su gente y a sus medios, en ese orden. Y se pensó que, como debe ser, cada uno estaba haciendo lo que correspondía: el SHOA; la Onemi, la intendencia, las policías”. Otros son un poco más descarnados y agregan a lo anterior que “el caos era tan mayúsculo que nadie pensó en otra cosa”.

Así y todo se menciona otro detalle. El entonces intendente Jaime Tohá dijo a CNN Chile que fue el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval –con base en Talcahuano-, contraalmirante Roberto Macchiavello, quien le avisó a las 4 AM que no había maremoto en curso. Esa fatídica madrugada, el Almirante Edmundo González se encontraba en la Ciudad Jardín, prácticamente aislado de su institución.

-Trataba de comunicarme por celular y teléfono fijo. Era imposible. Tampoco había Internet. Finalmente, hablé con mi jefe de Estado Mayor, con mi secretario general y solicité antecedentes preliminares al SHOA -dijo a El Mercurio el 7 de marzo.

Los ex habitantes de La Moneda comentan que el jefe naval recién tomó contacto con el titular de Defensa, Francisco Vidal, la tarde del sábado. Para entonces ya había comenzado la trama aún no resuelta (por la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público) de las responsabilidades respecto a la fallida alerta de maremoto. Mientras, una cadena de dudas, recriminaciones y hasta dificultades legales para el decreto respectivo -planteadas por la Contraloría- trababa el despliegue de uniformados en una VIII Región que a las pocas horas comenzaba a ser pasto de los saqueos.

Las diversas versiones sobre el “Carrera” y otras naves

Entre los múltiples frentes críticos que se le abrían a la Armada, el más evidente –fuera de la alerta de tsunami- era dimensionar los daños en la Base Naval de Talcahuano, en Asmar y sus naves de guerra. Las dos primeras fueron arrasadas casi completamente, incluyendo las viviendas del personal, daños en diques, grúas y diversas instalaciones.

Recuperar y poner todo en marcha –considerando los fondos que ingresan por contratos de construcción- tiene un costo en torno al cual no hay coincidencia. Fuentes del Ministerio de Defensa citan los informes iniciales de la Marina que calculan un flujo mínimo de mil millones de dólares “entre 3 y 5 años”. Y sostienen que sólo para asegurar en parte la “reparación y mantención de las unidades de combate” haría falta cerca de US$ 300 millones. Eso coincidiría con la estimación de una de las autoridades salientes, pero difiere radicalmente de las cifras que entrega otra: “En ningún caso menos de US$ 2.500 millones para recuperar Asmar y la Base”.

La suerte de las unidades navales afectadas es hasta hoy confusa.

La madrugada del 27 se encontraban en Talcahuano, al menos, los submarinos clase Scorpene SS-22 “Carrera” y SS-23 “O’Higgins”; los clase U-209 SS-21 “Simpson” y SS-20 “Thompson” (más antiguos que los Scorpene); el buque madre de sumergibles BMS-42 “Almirante Merino”, y la misilera clase SAAR-4 LM-31 “Chipana”. Además, la patrullera LSG-1611 “Concepción”; el clásico transporte AP-41 “Aquiles”, y el patrullero OPV-81 “Piloto Pardo”. Además, claro, del aún no botado buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”.

De las unidades de combate, el caso más preocupante es el “Carrera”. Como se dijo al comienzo, ni los testimonios recogidos por CIPER ni las versiones oficiales consignadas en la prensa aclaran las dudas. El Mercurio, por ejemplo, informó el 4 de marzo que el sumergible “tocó fondo y volvió a la superficie”. Al día siguiente La Tercera informó que “no hubo daños” en los buques ubicados en Talcahuano. El 7 del mismo mes, el almirante Edmundo González detalló que el SS-22 “logró zarpar de emergencia, lo pescó la segunda ola del tsunami y lo metió a la dársena. Luego, en un gesto heroico, fue remolcado”.

El 28, el vicealmirante Federico Niemann precisó que chocó y abolló su proa contra un dique que estaba a la deriva, pero remarcando que no había “ningún riesgo para el sumergible”. Por último, hace dos domingos atrás, el 28 de marzo, los propios tripulantes del “Carrera” relataron los hechos en El Mercurio. Según éstos, el navío primero tocó fondo; luego la primera ola lo levantó y arrojó a las dársenas del puerto; allí “nos movíamos para todos lados y chocábamos con distintas cosas”, dijeron. Finalmente, agregaron que impactó contra un dique flotante de Asmar. O sea, cuatro choques, por lo bajo.

Sobre la suerte del sumergible, algunas autoridades comparan lo ocurrido con “un abollón en el auto y punto, pero está operativo”. Pero otros admiten la posibilidad de que los daños obliguen a una reparación que tarde años. “Y de los dos Scorpene era el que estaba en mejores condiciones” agrega un personero. Del “O’Higgins” se ha dicho que logró zarpar mar adentro sin problemas. Ambos fueron comprados como prototipos en 1997 a un consorcio franco-español por unos US$ 490 millones.

Respecto a las otras naves afectadas, el SS-21 “Simpson” ni siquiera pudo escapar al encontrarse en reparaciones en un dique seco. Quedó instalado sobre un muelle, sus daños no han sido precisados y sólo se ha dicho que fueron “leves”. Peor suerte corrió la misilera “Chipana”, que resultó volcada sobre otro muelle, lo que obliga a levantarla y ponerla de nuevo a flote, sin dañar el casco. El “Almirante Merino” también sufrió deterioros que tampoco pasaron del mismo calificativo: leves.

-Independientemente de las maniobras de rescate, todos están en condiciones operativas -remarcan altas fuentes del Ministerio de Defensa.

Además, se encontraba en reparaciones el submarino ecuatoriano clase U-209 “Shyri”. Aunque algunas de las fuentes consultadas por CIPER remarcaron que no sufrió daños, otras precisaron todo lo contrario. Incluso se sostiene que el maremoto se habría llevado algunas piezas que habían sido retiradas para su reparación. De ser necesario, se harían efectivos seguros comprometidos.

Y aunque el “Cabo de Hornos” no es una unidad de combate, su situación es sensible precisamente por lo que simbolizaba para la Marina. El tsunami lo arrastró varios metros y lo dejó varado sobre un banco de arena: su peso dificulta y hace arriesgado su rescate. Días después, cuando las salientes autoridades de Defensa visitaron Talcahuano, la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, no pudo soportar las ganas de desquitarse bautizándolo de todas formas… quebrando una botella de Sprite contra el casco.

El cuadro que ya enfrentaba el almirante

Mientras en la Armada se calibraban estos y otros daños físicos, al mismo tiempo se enfrentaba la crisis por las fallas en la alerta del tsunami. Con un ingrediente extra que nadie –ni la institución, ni el gobierno saliente, ni menos el entrante- pasaba por alto: a medida que se intensificaban las críticas contra las autoridades involucradas, surgían las primeras querellas por parte de los deudos.

Como el Almirante González había reconocido pública, temprana y sorpresivamente la responsabilidad de su institución en la fallida alerta de maremoto, con el correr de los días se hizo patente el riesgo de que se responsabilizara de ello también a la administración Bachelet. Cercanos a la hoy ex mandataria recalcan que tiene a su favor “hechos irrefutables”, como la llamada telefónica entre ella y el entonces director del SHOA (quien le informó que no había alerta) durante las primeras horas después del desastre, cuando se encontraba en la Onemi ante numerosos testigos.

La misma Bachelet ha repetido que el general Le Dantec le pasó el teléfono, y –acaso en un guiño a González y sus problemas para comunicarse- recalcó en The Clinic que ni los celulares satelitales funcionan al cien por ciento. Ambos puntos fueron remarcados una y otra vez a CIPER por ex colaboradores suyos.

Como rostro principal de la crisis naval, el almirante Edmundo González Robles la había tenido difícil incluso mucho antes de llegar al 27F. Ya su llegada a la comandancia en jefe (18.06.09) estuvo cerca de zozobrar a raíz de un episodio que lo enemistó el 2007 nada menos que con el ministro de Defensa de la época, José Goñi.

Según recuerdan las fuentes consultadas, todo comenzó cuando a los oídos de Goñí llegó un relato en que el protagonista era el entonces contraalmirante González. Se lo describía en una reunión social en Punta Arenas, expresándose en términos bien poco protocolares respecto del ministro y de otra alta autoridad nacional. Del relato y de la reacción de Goñi también se enteraron destacados oficiales de la Armada. Muy pronto González –el primer marino en ser comandante en jefe de la Región Militar Austral- se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido: faltaban sólo semanas para que se definiera el Alto Mando del año 2008.

Nadie quería llevarse sorpresas. En sus últimos años los gobiernos de la Concertación no habían tenido problemas con los comandantes en jefe. Al menos no al nivel del polémico corcoveo del general director de Carabineros Rodolfo Stange, cuando dilató ruidosamente su renuncia a raíz del fallo del Caso Degollados, en 1995. Ni menos algo similar al episodio que todos en la Marina hoy quieren olvidar: la abrupta salida del jefe de la Armada Jorge Arancibia para candidatearse a senador por la UDI (2001) y que terminó cortándole la carrera a buena parte de su Alto Mando, además de sepultar las aspiraciones senatoriales de Sebastián Piñera.

Por esas casualidades, además, González era ayudante del entonces almirante Arancibia cuando el comandante en jefe se fue a retiro. Pero jugaba a su favor haber trabajado con Edmundo Pérez Yoma, cuando éste fue ministro de Defensa de Eduardo Frei, en la década de los ’90.

Contrarreloj, González se la jugó por pedirle ayuda a la entonces subsecretaria Echeverría, asegurándole que se trataba de un rumor falso. No le iba a ser sencillo: Goñi tenía fama de “difícil”. Pero también gozaba de adversarios en el ministerio. Hasta hoy se recuerda una desagradable escena en la que el ministro ingresaba –sin golpear la puerta y sin saludar- al despacho del subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, para de inmediato, y sin importarle que Vergara estuviera reunido con otras personas, lo reconviniera en un durísimo tono al tiempo que le punceteaba la cabeza con los dedos.

Apenas días antes de la fecha fatal, las gestiones de Echeverría y de otros revirtieron la situación; incluso algunos sostienen que el propio “Goñi aclaró el problema”. González fue ascendido a vicealmirante y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Un año y medio después logró suceder al almirante Rodolfo Codina (hoy jefe de gabinete del ministro Ravinet) –en parte gracias a las recomendaciones de éste- en la comandancia en jefe.

Los que han conocido el mando de ambos coinciden en marcar las diferencias. En una institución consciente de su peso histórico y fuertemente inspirada en la tradición de la Armada inglesa, la gestión de Codina había sido vista como un grato paréntesis. “Más campechano, relajado, casi en el estilo de la Armada española”, grafica un conocido suyo. “Cien por ciento del gusto de los Presidentes Lagos y Bachelet”, agrega otro. Con González no sólo se volvió al estilo antiguo. También asomaron diferencias preocupantes, algunas de ellas demasiado públicas.

Como la ocurrida en noviembre de 2009, cuando El Mercurio entrevistó al jefe naval con desastrosos resultados. Bajo el título “En La Haya no tenemos nada que ganar”, González contradecía parte de la tesis chilena ante el conflicto limítrofe con Perú al referirse a las normas que fijan la frontera marítima como “convenios de pesca”, y anticipaba un escenario pesimista ante el reclamo de Lima. El impacto de la entrevista fue tal, revelan fuentes que conocieron el caso, que antes de su publicación debió intervenir el entonces vicealmirante Cristián Millar para “limpiar” parte de las respuestas.

Un nuevo episodio se produjo durante la dificultosa tramitación de la Ley que reorganizó el Ministerio de Defensa y creó el Estado Mayor Conjunto. González -recuerdan en la ahora oposición- “mantuvo una postura vacilante” en temas conflictivos, como definir si el nuevo cargo que hoy ocupa el general de Ejército Crisitián Le Dantec tendría cuatro estrellas. A la larga González se opuso a la idea del gobierno, la que fracasó en el Congreso y dejó a Le Dantec sólo con tres estrellas y por debajo de los comandantes en jefe.

Incluso entre la alta oficialidad naval se fue generando cierta resistencia al mando de González, a veces por asuntos casi domésticos. Como el recordado y reciente matrimonio de uno de sus hijos en Miami, Estados Unidos, calificado someramente como “incómodo” entre quienes conocen los códigos de la institución.

Los que conocieron la relación entre el gobierno de Bachelet y González sostienen que, a raíz de éstos y otros problemas, incluso se llegó a pensar en designar al vicealmirante y hoy comandante de Operaciones Navales, Francisco Guzmán, como Jefe de Estado Mayor Conjunto, con el fin de colocarle un contrapeso al jefe de la Armada. “Pero también era indiscutible que lo más adecuado era que ese cargo quedara en manos del Ejército”, aclaran.

Vuelco en el minuto 90

El terremoto y posterior tsunami sepultaron toda la historia anterior. Nada de todo aquello importaba en la antesala de la reunión más importante que le fue agendada al almirante Edmundo González para el 24 de marzo. Los ojos del alto mando de la Armada se dirigieron a La Moneda. Como quiera que sea, un vuelco importante se produjo en aquella crucial jornada en que el almirante González fue llamado a palacio por el Presidente Piñera. La cita se produjo al día siguiente de haberle enviado al Mandatario el informe oficial sobre las fallas al retirar la alerta de tsunami. Sólo horas antes del encuentro, el titular de Defensa, Jaime Ravinet, fue categórico al calificarlo de “insuficiente”: como el documento proponía dar de baja al ex jefe del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas, los que sabían ese detalle con anticipación calibraron que el comandante en jefe podría terminar pagando con su cargo el episodio.

El almirante González no la pasó bien ese día. Quienes tomaron contacto con él cuentan que estaba “muy nervioso” y no descartaba que Piñera le pidiera el retiro, aún pese a que en tal caso haría re-debutar la temida facultad presidencial. Uno de sus conocidos decidió intervenir personalmente y se las arregló para encontrarse “casualmente” con Ravinet en la puerta de uno de los ascensores del Ministerio de Defensa. En el breve trayecto pisos arriba, el nuevo ministro le aseguró a dicho personero que la cabeza del jefe naval no corría riesgo. González se entero apenas minutos después.

Con todo, González sintió la presión hasta el final, aunque más bien por el estilo del Mandatario que por otra cosa. Cuando entró a reunirse con Piñera, lo notó amable, pero “más frío” que su antecesora, según le comentó después a sus cercanos. La sorpresa la tuvo al ver que las casi 300 páginas del informe, que apenas había entregado el día anterior, ya estaban plagadas de marcadores adhesivos de colores. Sus temores se disiparon cuando el Jefe de Estado le aclaró que su cargo no estaba en cuestión. El flanco político, que pasaba por él, quedaba así cerrado por el momento.

Los que conocen el episodio explican que si Piñera decidió no seguir adelante, fue sencillamente por no perjudicar a la Marina y por no sumar un nuevo frente de conflicto a los otros con los que ha debutado en La Moneda. Prueba de ello fue el sorprendente y enérgico cambio de postura de Ravinet, quien apenas salió del despacho presidencial comenzó por desmentir sus propias críticas contra el informe naval.

Luego el ministro no trepidó en pagar –muy probablemente con fondos fiscales- una inserción en La Tercera para rebatir una crítica y aguda columna de Ascanio Cavallo publicada en el mismo diario acerca del rol de las Fuerzas Armadas después del 27F. Ambas medidas de control de daños buscan evitar que se exponga a las instituciones bajo su mando no sólo a emplazamientos políticos, sino que además anticipan líneas de contención ante eventuales ofensivas judiciales.

http://ciperchile.cl/2010/04/09/la-desconocida-y-sabrosa-trastienda-del-otro-maremoto-que-enfrenta-la-armada

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